Se trata de Kilmer Ábrego, un hombre de 29 años casado con una estadounidense y solicitante de asilo. Está en una cárcel para terroristas en El Salvador
El Gobierno de Estados Unidos solicitó este sábado a un tribunal de apelaciones que suspenda la orden de una jueza federal que exige el retorno inmediato de un migrante salvadoreño deportado, a pesar de contar con una medida de protección que le impedía ser expulsado del país.
Se trata de Kilmer Ábrego García, un hombre de 29 años, residente del condado de Prince George, Maryland, casado con una ciudadana estadounidense y solicitante de asilo, cuya deportación ha generado controversia legal y política.
El pasado 12 de marzo, fue detenido por agentes de inmigración y, pocos días después, enviado a El Salvador, donde actualmente permanece recluido en el Centro de Confinamiento del Terrorismo, una prisión de máxima seguridad construida por el gobierno de Nayib Bukele.
Trump alega que no puede revertir la deportación
Los fiscales de la Administración de Donald Trump —que ha retomado funciones en esta nueva etapa tras su regreso al poder— defendieron que ningún tribunal estadounidense tiene autoridad para ordenar el regreso de un migrante una vez ha sido deportado, especialmente si ya se encuentra bajo custodia de otro país.
En sus argumentos ante el tribunal federal, sostuvieron que el gobierno de Estados Unidos no tiene control sobre el sistema judicial salvadoreño ni puede revertir unilateralmente una deportación acordada en el marco de un convenio de seguridad bilateral.
La administración insiste en que Ábrego García es miembro de la pandilla MS-13, razón por la que asegura que carece de cualquier derecho o base legal para permanecer en Estados Unidos. El acuerdo con El Salvador permite enviar a ese país a presuntos integrantes de organizaciones criminales como MS-13, MS-14 y el Tren de Aragua, para su encarcelamiento en el Cecot.
Una juez ordenó el regreso de Kilmer Ábrego
La jueza federal Paula Xinis dictaminó el viernes que la expulsión de Ábrego García fue ilegal. Recordó que el migrante contaba con una orden de protección activa contra la deportación, emitida por un tribunal de inmigración tras considerar insuficientes las pruebas de su vinculación con organizaciones criminales.
Xinis ordenó al gobierno traer de vuelta al migrante antes de la medianoche del lunes 7 de abril. No obstante, los abogados del Departamento de Justicia solicitaron que se suspenda esa orden mientras se resuelve la apelación del caso.
En la audiencia, un funcionario del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas admitió que la deportación “fue un error”. Aunque alegó que las autoridades actuaron “de buena fe”, también sostuvo que actualmente el gobierno no puede garantizar su retorno debido a la jurisdicción salvadoreña sobre el detenido.
Abogados del migrante demandaron a ICE
Los abogados del migrante, quienes demandaron al ICE por lo que consideran una violación flagrante de sus derechos, sostienen que su cliente fue detenido de forma arbitraria y deportado sin que mediara el debido proceso.
También afirman que el señalamiento de pertenencia a la MS-13 proviene únicamente de una denuncia sin pruebas concretas presentada por un informante en 2019, lo cual ya había sido evaluado por un juez que falló en contra de su expulsión.
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