Los habitantes de esta comunidad están aterrorizados por lo que podría ser el fin de su escudo legal contra la expulsión de Estados Unidos
La comunidad de la Pequeña Venezuela, que se encuentra en Miami está preocupada por la política migratoria de Donald Trump, que pone fin al TPS que les permite permanecer y trabajar en el país. Si es eliminado el programa se expondrían a ser deportados a su país de origen, lo cual no consideran una opción.
Algunos dueños de establecimientos en la Pequeña Venezuela, ubicada en el condado de Miami-Dade, contratan inmigrantes venezolanos con el propósito de darle la mano a sus paisanos. Desde que iniciaron las deportaciones masivos, la comunidad está aterrorizada por lo que podría ser el fin de su escudo legal contra la expulsión de Estados Unidos.
Desde principios de febrero, la administración Trump puso fin a dos programas federales que en conjunto permitían a más de 700,000 venezolanos vivir y trabajar legalmente en Estados Unidos junto con cientos de miles de cubanos, haitianos y nicaragüenses, informó The Associated Press (AP).
Una comunidad con 80,000 habitantes
En la comunidad venezolana más grande de Estados Unidos, publicó AP, la gente teme a lo que se podría enfrentar si fracasan las demandas que buscan detener al gobierno. Es lo único que se habla en la Pequeña Venezuela o Doralzuela, una ciudad de 80,000 habitantes en Miami.
Las personas que pierdan sus protecciones tendrían que permanecer ilegalmente con el riesgo de ser deportadas o regresar a su país de origen.
“Es realmente muy lamentable perder ese capital humano porque hay personas que aquí hacen trabajos que otros no hacen”, dijo a AP, Wilmer Escaray en uno de sus restaurantes Sabor Venezolano, que se encuentra en la Pequeña Venezuela en donde el español es más común que el inglés.
El dueño de una empresa constructora y su esposa se benefician del Estatus de Protección Temporal (TPS) para quienes residen en Estados Unidos y no se consideran seguros de regresar a sus países de origen debido a desastres naturales o conflictos civiles.
“El gobierno no está dando la espalda”
Los beneficiarios pueden vivir y trabajar mientras dure la vigencia del TPS, pero no les otorga la ciudadanía y con el fin del programa están preocupados por lo que podría suceder.
“Nos duele que el gobierno nos esté dando la espalda”, compartió a la misma agencia John. “No vinimos a delinquir; vinimos a trabajar, a construir”.
Un juez federal ordenó el 31 de marzo que el Estatus de Protección Temporal (TPS) se mantuviera vigente hasta la siguiente etapa de un recurso legal en los tribunales, y al menos 350,000 venezolanos se salvaron temporalmente de quedar en situación irregular.
El programa federal de inmigración que permitió a más de 500,000 cubanos, venezolanos, haitianos y nicaragüenses trabajar y vivir legalmente en Estados Unidos, expira el 24 de abril.
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