Codue: no puede recaer en RD la solución a crisis haitiana

La Confederación Dominicana de Unidad Evangélica pide ayuda externa

La Confederación Dominicana de Unidad Evangélica (Codue) ha expresado su preocupación ante la creciente crisis migratoria que afecta a República Dominicana y sostuvo que la solución a la situación en Haití no puede recaer exclusivamente en el país, sino que debe ser asumida por la comunidad internacional.

El presidente de Codue, pastor Feliciano Lacen Custodio, instó a los organismos multilaterales y a los países con histórica influencia en Haití, como Estados Unidos, Francia y Canadá, a comprometerse en el desarrollo de proyectos que atiendan las necesidades básicas del pueblo haitiano.

“La comunidad internacional debe comprometerse a colaborar con Haití, construyendo hospitales y fábricas para atender a la población vulnerable, además de trabajar planes de corto y largo plazo que enfrenten la inseguridad social”, señaló en una nota de prensa.

Un problema estructural
La crisis haitiana ha escalado en los últimos años debido a una combinación de inestabilidad política, inseguridad, crisis económica y colapso institucional. Desde el asesinato del presidente Jovenel Moïse en 2021, el país ha experimentado un vacío de poder, agravado por la creciente influencia de bandas armadas que controlan vastos sectores del territorio.

Este escenario ha generado una migración masiva hacia República Dominicana, lo que ha llevado al gobierno de Luis Abinader a implementar una política de deportaciones sistemáticas. Solo en los primeros cinco meses de 2025, las autoridades dominicanas han expulsado más de 153,000 haitianos en situación irregular.

Este enfoque ha sido objeto de críticas por parte de organismos internacionales, organizaciones defensoras de derechos humanos y sectores religiosos. El pasado domingo Vatican News publicó un reportaje donde denunciaba la situación de los inmigrantes haitianos en el país a quienes calificó de refugiado.  

Los que las objetan, afirman que las deportaciones se realizan sin el debido proceso y afectan a poblaciones vulnerables

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